México publica controles a la compra de empresas de IA y chips por inversionistas extranjeros

2026-11-19 12:28:16 - MUNDO

México publicó este jueves 19 de noviembre la reforma que establece un procedimiento de seguridad nacional para determinadas adquisiciones extranjeras de empresas vinculadas con inteligencia artificial (IA), semiconductores y ciberseguridad.

El decreto de reforma a la Ley de Inversión Extranjera entra en vigor este viernes 20 de noviembre, aunque el monto de activos que delimitará la revisión obligatoria todavía queda por definirse.

El nuevo artículo 30 Bis de la ley exige la autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras cuando la participación extranjera, directa o indirecta, supere 49% del capital de una sociedad mexicana y sus activos excedan el umbral que fijará ese organismo. Además, la empresa debe desarrollar alguna de las actividades económicas indicadas en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La disposición incluye la inteligencia artificial y la ciberseguridad dentro de las tecnologías críticas y los productos de doble uso. También menciona los semiconductores. En otro apartado incorpora infraestructura estratégica para tratar o almacenar datos, además de sistemas digitales. El filtro puede alcanzar a empresas que tienen acceso a información sensible, como los datos personales, o que pueden controlarla. Se considerará el valor de los activos al presentar la solicitud de adquisición.

Fuera del sector tecnológico, el decreto incluye a empresas que operan infraestructura estratégica, como la de transporte y salud. La revisión también puede alcanzar a quienes suministran insumos fundamentales, como energía o materias primas, y a las empresas cuya actividad está vinculada con la seguridad alimentaria.

La reforma conserva el artículo 9, que ya exigía una resolución favorable para participaciones extranjeras superiores a 49% cuando los activos de la sociedad rebasaran un monto determinado anualmente por la comisión. Ese control general coexistirá con el procedimiento específico de seguridad nacional.

La facultad de impedir adquisiciones por motivos de seguridad nacional también estaba prevista en el artículo 30 anterior, que quedará derogado. El cambio incorpora el Título Sexto Bis, con dos capítulos que definen las operaciones sujetas al escrutinio y cómo presentar y resolver las solicitudes.

El artículo 28 mantiene el plazo general de 45 días hábiles y la aprobación de una solicitud cuando la autoridad deja transcurrir ese periodo sin resolver. Sin embargo, excluye de esa aprobación por silencio los asuntos de seguridad nacional.

Cuando una compra requiere revisión por seguridad nacional, la empresa mexicana y el inversionista extranjero deben presentar juntos la solicitud ante la Secretaría Técnica de la Comisión. La Comisión tiene 45 días hábiles para resolver, contados desde la presentación. Para lo que la Ley de Inversión Extranjera y su reglamento no indiquen sobre el trámite, se aplican las reglas generales de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El decreto aún no fija qué monto deben rebasar los activos de una empresa mexicana para que su compra por un inversionista extranjero requiera una revisión por seguridad nacional. La Comisión deberá fijar y publicar esta cifra dentro de los 180 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del decreto

Cuando los activos no superen ese umbral y la participación pretendida exceda 49%, la solicitud de revisión será voluntaria. Esta posibilidad pertenece al procedimiento de seguridad nacional y debe distinguirse de las demás autorizaciones aplicables a una adquisición.

La comisión podrá impedir una operación que represente riesgos para la seguridad nacional o exigir modificaciones para mitigarlos. Las resoluciones favorables o condicionadas podrán incluir obligaciones de presentar reportes periódicos y mecanismos para evaluar el cumplimiento del orden jurídico nacional.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) se incorpora con voz y voto a la Comisión, al igual que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) también tendrán voto. En los asuntos de seguridad nacional, la Comisión decidirá por mayoría de sus integrantes, quienes no podrán abstenerse.

Si una empresa mexicana transfiere las acciones al inversionista extranjero sin la autorización exigida por seguridad nacional, la multa puede llegar a 23.46 millones de pesos, según el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de 2026. La Comisión también puede ordenar al inversionista que se desprenda de los activos adquiridos.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx

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