Ocde pide a Colombia un ajuste fiscal y reformas para frenar la deuda

2026-11-20 15:02:21 - MUNDO

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) presentó su Estudio Económico de Colombia 2026, un análisis de 142 páginas en el que advierte sobre los crecientes desequilibrios de las finanzas públicas y plantea una serie de reformas para recuperar la credibilidad macroeconómica, estabilizar la deuda y elevar el crecimiento del país.

Durante la presentación del informe en el Ministerio de Hacienda, el secretario general de la Ocde, Mathias Cormann, destacó el proyecto de Ley de Rescate Económico como una fórmula viable para avanzar en el ajuste de las cuentas fiscales colombianas.

El documento, que constituye una evaluación técnica e independiente de la economía nacional, identifica desafíos estructurales en materia de finanzas públicas, tributación, mercado laboral, pensiones y productividad. Sus recomendaciones apuntan a una transformación gradual de las políticas económicas, con medidas que permitan corregir los desequilibrios actuales sin comprometer el crecimiento de mediano y largo plazo.

Uno de los principales llamados es implementar una estrategia de consolidación fiscal creíble y gradual, respaldada por medidas iniciales firmes, que permita reducir el déficit, controlar el gasto público y mejorar la eficiencia de los ingresos tributarios.

La organización considera que Colombia necesita restablecer la credibilidad de su política macroeconómica para enfrentar el deterioro de las cuentas públicas. Las cifras incluidas en el estudio muestran la magnitud del desafío: la deuda neta del Gobierno Nacional Central superó el ancla del 55% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la deuda bruta llegó al 64,4% del PIB en 2025.

A esto se suma que el déficit del Gobierno Nacional Central se amplió hasta el 6,4% del PIB, una situación que ha elevado los costos de endeudamiento y el pago de intereses de la deuda pública.

Frente a este panorama, la Ocde recomienda establecer una estrategia fiscal de mediano plazo que esté anclada en la regla fiscal y permita recuperar progresivamente la sostenibilidad de las finanzas estatales.

El organismo plantea cuatro grandes frentes de acción: recuperar la credibilidad del marco fiscal, mejorar la eficiencia del gasto público, adelantar una reforma tributaria estructural y ejecutar cambios en el mercado laboral y el sistema pensional.

El primer componente de las recomendaciones consiste en restablecer la confianza en el marco fiscal colombiano. Para ello, la organización considera necesario regresar gradualmente a la regla fiscal y establecer mecanismos que permitan corregir oportunamente las desviaciones frente a las metas de déficit y deuda.

En este punto, el proyecto de Ley de Rescate Económico, presentado en octubre de 2026, plantea adelantar a 2026 el final de la cláusula de escape de la regla fiscal y establecer metas estructurales revisadas a partir de 2027.

La Ocde considera importante que el país adopte mecanismos automáticos de corrección cuando se presenten incumplimientos de las metas fiscales. Entre sus propuestas están las cuentas de control y las rutas de ajuste que permitan compensar las desviaciones presupuestarias.

También recomienda utilizar proyecciones de ingresos más conservadoras, en lugar de depender de supuestos optimistas o de transacciones extraordinarias para respaldar las cuentas del Gobierno.

Otro de los puntos centrales es fortalecer el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), mediante garantías de independencia operativa y un financiamiento adecuado y estable. El propósito es que esta entidad pueda ejercer una supervisión técnica e independiente sobre el cumplimiento de las metas fiscales.

El segundo frente de reformas está relacionado con la eficiencia del gasto público. El estudio advierte que cerca del 90% del gasto primario del Gobierno Nacional Central está comprometido por mandatos legales, entre ellos transferencias, pensiones, salarios y recursos para salud.

https://x.com/MinHacienda/status/2123797672637104608

Esta rigidez presupuestaria limita la capacidad del Estado para ajustar sus gastos y atender nuevas prioridades. Por eso, la Ocde considera necesario adoptar medidas que permitan generar espacio fiscal en el corto plazo.

Una de las recomendaciones es racionalizar la nómina pública y contener los costos asociados al personal, los contratos de prestación de servicios administrativos y las compras públicas.

El organismo también plantea eliminar gradualmente los subsidios que todavía se mantienen al diésel (ACPM) a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). La propuesta consiste en avanzar hacia un esquema transparente que traslade las variaciones de los precios internacionales a los consumidores.

En materia de gasto social, la Ocde recomienda mejorar la focalización de los subsidios y las transferencias para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los hogares que más los necesitan.

Para ello, propone reemplazar la estratificación socioeconómica utilizada en los servicios públicos por criterios de ingresos basados en el Sisbén IV y el Registro Único de Ingresos (RUI). También considera necesario reducir los errores de inclusión en programas de transferencias directas, como Renta Ciudadana, de manera que los beneficios no terminen en hogares que no cumplen los criterios de acceso.

La descentralización también aparece entre los asuntos que requieren ajustes. Después de la reforma de 2024 al Sistema General de Participaciones (SGP), la Ocde considera necesario que el Congreso apruebe una ley de competencias que defina claramente las responsabilidades de gasto de los gobiernos territoriales.

La intención es evitar duplicaciones entre las funciones del Gobierno Nacional y las entidades territoriales, así como la asignación de obligaciones que no cuenten con financiación suficiente.

El tercer componente de las recomendaciones es una reforma tributaria estructural e integral. La Ocde advierte que Colombia tiene una recaudación de impuestos relativamente baja frente a los países miembros de la organización.

En 2024, los ingresos tributarios del país equivalieron al 19,9% del PIB, mientras que el promedio de la Ocde fue de 34,1%. Además, el sistema colombiano depende excesivamente de los impuestos que pagan las empresas.

Para corregir estos desequilibrios, el organismo recomienda aprobar tempranamente una reforma que se implemente de manera gradual y permita distribuir mejor las cargas tributarias.

Uno de los cambios propuestos es reducir progresivamente la tarifa general del impuesto de renta corporativo, que actualmente se encuentra en 35%. Sin embargo, esta disminución debería acompañarse de la eliminación de regímenes preferenciales, exenciones e incentivos sectoriales, con el propósito de ampliar la base gravable y evitar que los beneficios tributarios se concentren en determinadas actividades económicas.

En el caso de las personas naturales, la Ocde plantea ampliar la base de contribuyentes mediante la reducción de los elevados umbrales de ingreso a partir de los cuales se debe declarar y pagar impuesto de renta.

También recomienda limitar las deducciones que benefician principalmente a las personas de mayores ingresos y extender la obligación de presentar declaración de renta.

Otro de los puntos es racionalizar el impuesto al valor agregado (IVA). Actualmente, las exenciones y tarifas reducidas representan un gasto tributario equivalente al 5,6% del PIB. Por eso, la organización propone reducir estos beneficios y compensar a los hogares de menores ingresos mediante transferencias monetarias focalizadas.

En materia de impuestos territoriales, el estudio destaca la necesidad de culminar el catastro multipropósito en todo el país para actualizar los avalúos de los predios y mejorar el recaudo del impuesto predial.

Asimismo, recomienda incrementar la tarifa del impuesto al carbono mediante una senda plurianual predecible, que permita dar señales claras a las empresas y los consumidores para avanzar hacia actividades menos contaminantes.

La modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) también es fundamental. La Ocde propone profundizar el uso de la factura electrónica, fortalecer el cruce de bases de datos con los sistemas de seguridad social y ampliar las auditorías basadas en riesgos.

Estas herramientas buscan combatir la evasión fiscal, que el informe estima en más del 5% del PIB.

El cuarto frente de recomendaciones está relacionado con las reformas estructurales necesarias para elevar el crecimiento potencial de Colombia y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.

Uno de los principales problemas identificados es la informalidad laboral, que supera el 55% y limita la productividad, reduce los ingresos tributarios y dificulta la financiación de los sistemas de protección social.

Para enfrentar esta situación, la Ocde recomienda reducir los costos laborales no salariales para los trabajadores de menores ingresos y ajustar el salario mínimo con criterios técnicos que tengan en cuenta la productividad.

El objetivo es disminuir los costos de contratación formal y generar condiciones que faciliten la vinculación de más trabajadores al mercado laboral regulado.

En materia pensional, el organismo plantea ajustes graduales a los parámetros del sistema, entre ellos incrementar las edades de jubilación, que actualmente son de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La propuesta también contempla igualar progresivamente las edades de retiro entre hombres y mujeres y vincular los ajustes futuros a los cambios en la esperanza de vida.

Estas modificaciones, según el enfoque del informe, son necesarias para responder al envejecimiento de la población y reducir las presiones financieras sobre el sistema de pensiones.

Además del ajuste fiscal y las reformas tributarias, laborales y pensionales, el Estudio Económico de la Ocde identifica otras áreas que pueden contribuir a mejorar la productividad y el crecimiento sostenible.

En materia ambiental, el organismo considera necesario acelerar la acción climática mediante una mayor movilización de capital privado. Para conseguirlo, recomienda fortalecer los incentivos relacionados con el carbono y mejorar los mecanismos de financiación verde, con el propósito de atraer recursos hacia proyectos e inversiones sostenibles.

Por otra parte, la transformación digital aparece como una condición para elevar la productividad general de la economía y mejorar la calidad de los servicios públicos.

En este frente, la Ocde destaca la importancia de impulsar la digitalización y promover una mayor competencia en el sector de las telecomunicaciones. Estos cambios permitirían mejorar el acceso a las tecnologías, fortalecer la capacidad productiva de las empresas y facilitar la prestación de servicios gubernamentales a los ciudadanos.

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En conjunto, las recomendaciones del organismo apuntan a que Colombia debe combinar el ajuste de sus finanzas públicas con reformas estructurales que permitan ampliar la base productiva, reducir la informalidad y fortalecer la capacidad del Estado para responder a las necesidades económicas y sociales.

El desafío, de acuerdo con el diagnóstico, no se limita a reducir el déficit fiscal: también consiste en recuperar la confianza en las instituciones económicas y crear condiciones para que la deuda pública sea sostenible sin sacrificar las posibilidades de crecimiento del país.

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Fuente: google.com
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