Colombia: una reforma fiscal que desata el descontento

2026-11-20 16:32:22 - MUNDO

"Todo sube: la comida, los arriendos. Y para quienes viven con el salario mínimo, el impacto es gigantesco. Me parece totalmente injusto que la clase trabajadora tenga que cargar con el peso del ajuste fiscal, como si fuéramos ricos", dice a DW Luisa, una estudiante de 18 años de Bogotá.

"Cuando llegó el gobierno de Abelardo tuvimos mucho miedo. Pero me sorprende y me alegra que la gente lo haya perdido tan rápido y que, apenas tres meses después, ya esté saliendo a las calles", cuenta a este medio Liliana, una joven vinculada al sector cultural en la capital colombiana.

Por su parte, Yiner, un joven indígena del departamento del Cauca, teme por las consecuencias de la reforma fiscal para las familias campesinas: "Mi papá es agricultor y lo que pasa en el campo nos afecta directamente a nosotros, sus hijos, y al resto de la familia", relata a DW.

Las preocupaciones de estos jóvenes reflejan el malestar que llevó a miles de colombianos a manifestarse el 19 de noviembre de 2026 contra la reforma fiscal del presidente Abelardo de la Espriella. El proyecto, denominado Ley de Rescate Económico, busca reducir el déficit de las cuentas públicas mediante recortes del gasto y una mayor recaudación de impuestos.

Sin embargo, todavía no está claro cómo quedará la reforma. Tras anunciar la retirada del aumento del IVA sobre los alimentos básicos, el Gobierno sigue negociando cambios con el Congreso, sin que se conozca aún una versión definitiva del proyecto.

Entre las medidas planteadas en el proyecto original figuran modificaciones al impuesto sobre la renta y los aportes a salud, aumentos de impuestos sobre determinados productos, como combustibles y bebidas, y cambios tributarios que podrían encarecer algunos bienes y servicios. También se contemplan recortes del gasto público y de la contratación estatal.

Pero, más allá de las medidas concretas, persiste una pregunta: ¿sobre quién debería recaer el peso del ajuste?

Los especialistas coinciden en que Colombia necesita ordenar sus cuentas públicas, pero difieren sobre quién debe pagar la cuenta.

Para Henry Amorocho Moreno, economista de Bogotá, la respuesta está en hacer el ajuste "mirando para arriba", es decir, concentrar el esfuerzo tributario en quienes tienen mayores ingresos. El objetivo, explica a DW, es lograr una mayor "progresividad fiscal". "En el caso del impuesto sobre la renta, no hacer los ajustes a la clase media, sino en los ingresos altos", sostiene. El especialista propone revisar los privilegios tributarios de quienes más ganan, como las exenciones y deducciones. Según sus cálculos, estas medidas permitirían recaudar muchos billones sin perjudicar el consumo ni el empleo.

Protesta en Cali contra la reforma fiscal del presidente Abelardo de la Espriella, en medio del creciente malestar por el costo de vida y las políticas económicas del Gobierno.Joaquin Sarmiento/AFP

El economista Marc Hofstetter, de la Universidad de los Andes, en cambio, considera que el esfuerzo debe ser compartido. "La situación es tan crítica que este es un momento en el cual todos debiéramos poner. Y todos es todos", subraya a DW desde Bogotá. El especialista cuestiona la idea de que solo una pequeña parte de la población deba pagar impuestos.

El analista Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, también considera necesario ampliar la base tributaria, es decir, que más personas paguen impuestos. Una decisión difícil, pero que juzga necesaria para sanear las cuentas públicas. "El ajuste es inevitable", afirma a este medio desde la capital colombiana. "Colombia quiere tener un Estado de bienestar, pero no tiene los ingresos suficientes para pagar por ello", agrega.

En el mismo sentido, Hofstetter advierte sobre la gravedad de la situación fiscal. "Las cifras del Gobierno colombiano en términos fiscales en este instante rozan la definición de catastróficas", señala. Si Colombia no corrige rápidamente el desequilibrio entre ingresos y gastos, explica, el Estado podría verse obligado a decidir qué cuentas paga y cuáles no. "Y eso, en esencia, quiere decir un gobierno en bancarrota", alerta.

El gasto público también está en el centro del debate. "Lo que yo no estoy observando es un compromiso claro de la administración pública actual [...] en reducir el gasto", cuestiona Amorocho Moreno. Para el economista, el ajuste fiscal no puede limitarse a aumentar la recaudación: también requiere una mayor disciplina en el manejo de las finanzas públicas.

Pero los recortes también podrían tener consecuencias sociales. El politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital de Bogotá, sostiene en declaraciones a DW: "Ahora, habiendo eliminado la subida del IVA que contemplaba la reforma, se desactiva la 'bomba social'". No obstante, esa marcha atrás obliga al Gobierno a buscar otras formas de compensar los ingresos que esperaba recaudar, entre ellas posibles recortes del gasto público que podrían afectar programas sociales. García Duarte advierte, además, que una combinación de inflación y recesión podría reavivar el descontento y la desesperanza entre los jóvenes.

Mientras el Gobierno y el Congreso debaten cómo reducir el déficit fiscal, Luisa, Liliana y Yiner saben que en juego están su presente y su futuro.

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